Nota del editor: Julian Zelizer, analista político de CNN, es profesor de Historia y Asuntos Públicos en la Universidad de Princeton y autor del libro “Burning Down the House: Newt Gingrich, The Fall of a Speaker, and the Rise of the New Republican Party”, de próximo lanzamiento. Sígalo en Twitter: @julianzelizer. Las opiniones expresadas en esta columna son propias del autor. Ver más en la sección de Opinión, en CNNe.com/opinion
(CNN) – El sábado, decenas de miles de manifestantes marcharon en Washington para exigir una reforma de la justicia penal en lo que podría considerarse como la mayor protesta en la capital del país desde la muerte de George Floyd a manos de agentes de policía en Minneapolis.
En las dos semanas desde su muerte, un movimiento nacional de derechos civiles ha florecido. Aunque ha habido algunos casos de saqueo y violencia, en general las protestas pacíficas de #BlackLivesMatter han sacudido la conciencia de la nación al forzar una conversación sobre racismo y vigilancia policial que se había postergado durante demasiado tiempo. La escala y el alcance de las protestas son enormes, y han surgido manifestaciones tanto en grandes ciudades como en pequeños pueblos rurales de todo Estados Unidos, en una muestra de solidaridad diferente a cualquier otra que hayamos visto en las últimas décadas.
Ha habido algunas señales tempranas de progreso. El viernes, Minneapolis emitió una medida temporal que prohibiría los estrangulamientos como técnica de inmovilización policial, exigiría a otros agentes informar sobre su uso y solicitaría al jefe de la Policía que autorice cualquier otra arma de control de multitudes, como balas de goma y gases lacrimógenos.
Pero el camino hacia la reforma siempre es largo y sinuoso. En última instancia, cambiar nuestras instituciones requerirá una legislación federal sólida para garantizar que ningún estado viole los derechos civiles de los estadounidenses. El momento actual rememora los años 60, cuando el presidente Lyndon Johnson y el Congreso parecieron entender que ya no era una opción viable dejar la decisión de hacer lo correcto a los estados, y aprobaron la Ley de Derechos Civiles de 1964 y la Ley de Derechos de Votación de 1965.
Las protestas no serán suficientes para incidir en la toma de decisiones a nivel nacional. La votación en noviembre será un primer paso crucial para introducir un cambio duradero. Incluso si las protestas logran un progreso inmenso a nivel estatal y local, la legislación federal y la aplicación de la ley serán esenciales.
Con el presidente Donald Trump en la Oficina Oval y los republicanos en control del Senado, las perspectivas a corto plazo para un cambio significativo son escasas. El presidente lo dejó claro cuando anunció que su respuesta al racismo se centraría en la recuperación económica, no en medidas duras para desmantelar un sistema de justicia penal que perpetúa la desigualdad racial y que con demasiada frecuencia permite la violencia ilegítima contra los afroestadounidenses. Además de promocionar el crecimiento económico, Trump solo ha emitido amenazas violentas y llamados nixonianos a la ley y el orden.
El cambio se consigue en las urnas
Esto significa que el voto es importante. Para lograr los objetivos de la reforma de la justicia penal, los partidarios primero deberán despejar el camino votando a los demócratas en la Casa Blanca y el Senado. De lo contrario, el movimiento podría enfrentar la dura realidad del poder conservador y encontrarse en la agonía de un feroz retroceso. Y si bien el control sobre el poder que tiene el presidente Trump y los republicanos del Senado parece estar disminuyendo, el camino demócrata hacia la victoria sigue siendo difícil.
La recuperación económica en el otoño podría impulsar fácilmente la posición del Partido Republicano, particularmente al salir de los oscuros meses de encierro. La capacidad del presidente para provocar caos a través de las redes sociales y lanzar investigaciones a través del Departamento de Justicia planteará enormes desafíos a Joe Biden y los candidatos demócratas del Congreso. Para colmo, no sabemos realmente cómo será el día de las elecciones en medio de una pandemia.
Para garantizar que los votantes lleguen a las urnas sin temor a poner en peligro su salud, los demócratas deben abogar por una votación universal por correo. El impulso para votar por correo, que requeriría el apoyo federal a los estados para que puedan hacer esta transición a tiempo para noviembre, se ha reducido drásticamente a medida que el presidente Trump continúa lanzando confusas declaraciones sobre el fraude electoral mientras sus aliados republicanos se oponen a las iniciativas de votar por correo con demandas legales.
A menos que haya progreso en el próximo mes, es poco probable que los 50 estados vayan a contar con sistemas operativos que garanticen la votación por correo. En marzo, Trump expresó lo que la mayoría de los republicanos han esquivado durante décadas. En una entrevista en “Fox & Friends”, Trump se refirió a la legislación presentada por los demócratas de la Cámara para aumentar los fondos para la votación por correo y dijo: “Lo que ellos tenían allí era una locura. Lo que tenían allí, los niveles de votación eran tales, que si alguna vez estuviste de acuerdo, nunca ibas a volver a elegir a un republicano en este país “.
Los demócratas también deben seguir trabajando en los esfuerzos para registrar a los jóvenes estadounidenses, conocidos por sus bajas tasas de participación, y asegurarse de que se comprometan a votar en noviembre. Muchos jóvenes están frustrados con el estancamiento en Washington y no confían en que la votación realmente marque la diferencia, dado que en su experiencia, los legisladores no han abordado cuestiones vitales como el racismo, el cambio climático y el control de armas.
Pero necesitan recordar el mantra del presidente Barack Obama: “No abuchear, votar”. Tanto si los demócratas como los republicanos controlan la Casa Blanca y el Senado en 2021, votar marcará una enorme diferencia en la dirección de la política pública en materia de justicia penal.
Un momento potencialmente decisivo en la historia de EE.UU.
Ahora que este movimiento ha inspirado y comprometido a muchos estadounidenses jóvenes, los activistas locales harían bien en aprovechar el momento y hacer el día de la elección el objetivo central de la misión. La excandidata a gobernadora de Georgia Stacey Abrams escribió: “Votar es un primer paso en un proceso largo y complejo, tedioso pero vital. Puedes tener un auto con todas las campanas y silbatos, pero si no tiene ruedas, no puedes seguir adelante”.
A principios de la década de 1960, los líderes de los derechos civiles eran conscientes de la conexión entre su agenda y las urnas. Esta es la razón por la que Martin Luther King Jr. y otros estaban tan comprometidos con la Ley de Derechos Electorales de 1965, que brindaba protección federal a todos los estadounidenses para ejercer su derecho al voto. Sin el poder de votar, King dijo una vez: “No puedo decidir, otros lo hicieron por mí. No puedo vivir como ciudadano democrático, observando las leyes que he ayudado a promulgar. Solo puedo someterme al mandato de otros”.
Estamos en la cúspide de un posible momento decisivo en la historia de Estados Unidos. Aunque siempre es difícil creer que ocurrirá un cambio significativo, debemos recordar que pueden ocurrir avances importantes; esto es exactamente lo que sucedió en 1964 y 1965. Los movimientos sociales tienen el poder de cambiar el status quo. Las marchas, las manifestaciones y la cobertura de los medios tienen la capacidad de transformar la política. Lo estamos viendo ahora mismo.
Sin embargo, sin poder político en Washington hay menos esperanza de un cambio duradero. Para que el movimiento #BlackLivesMatter tenga éxito, tendrá que seguir exigiendo cambios en el sistema de justicia penal mientras se moviliza a los votantes para que tengan un impacto en noviembre.