Hong Kong (CNN Business) – La periodista de Filipinas, Maria Ressa, fue declarada culpable de “difamación cibernética” el lunes, en un caso que ella y grupos de libertad de prensa describieron como un enjuiciamiento motivado políticamente por el gobierno del presidente Rodrigo Duterte.
Ressa fue arrestada a principios del año pasado en las oficinas en Manila de Rappler, el medio de noticias en línea que fundó en 2012 y que ha ganado prominencia por su cobertura inquebrantable del presidente Rodrigo Duterte y su brutal guerra contra las drogas.
El caso está relacionado con un artículo de 2012, que alegaba que el empresario Wilfredo Keng tenía vínculos con drogas ilegales y tráfico de personas. Sin embargo, el artículo fue publicado por Rappler dos años antes de que las nuevas leyes de difamación cibernética entraran en vigencia en Filipinas.
Los fiscales han argumentado que una corrección hecha a la historia después de que se aprobó la ley constituía una “republicación” y significaba que podía considerarse como “difamación cibernética”.
El lunes, el tribunal determinó que tanto Ressa como Reynaldo Santos Jr., el miembro del personal de Rappler que escribió la historia, eran culpables del delito, según su organización de noticias. Enfrentan un mínimo de seis meses en prisión y hasta 7 años, según el veredicto, aunque es probable que salgan bajo fianza mientras apelan la sentencia.
Tras el veredicto, Ressa dijo que “no fue inesperado”.
“Seguiremos luchando”, dijo. “Les pido a ustedes, los periodistas de Filipinas en la sala que han estado escuchando, que protejan sus derechos. Estamos destinados a ser una historia de advertencia. Estamos destinados a hacer que tengan miedo. Así que apelo nuevamente. No tengan miedo. Porque si no usan sus derechos, los perderán”.
‘Motivado políticamente’
JJ Disini, uno de los abogados de Ressa, calificó los cargos de “motivados políticamente” y dijo que cualquier actualización hecha en 2014 al artículo ofensivo fue “simplemente un cambio de puntuación”.
“Si la difamación se hubiera cometido en 2012, un cambio en la puntuación no podría haber republicado esa difamación”, agregó Disini.
Los extensos informes de Rappler sobre Filipinas bajo la presidencia de Duterte han convertido el sitio, y sus periodistas, en blanco de sus seguidores.
Ressa ha sido acusada varias veces por difamación y cargos de evasión de impuestos que los críticos han descrito como motivados políticamente y diseñados para silenciar a los medios independientes en el país asiático.
En declaraciones a CNN en julio pasado, Ressa dijo que es más fácil estar en la primera línea como corresponsal de guerra que luchar por la libertad de prensa, porque “ni siquiera sabes dónde está el enemigo aquí”.
“Al menos cuando estás en una zona de guerra, los disparos vienen de un lado y sabes cómo protegerte”, dijo.
Ressa, alguna vez nombrada como Persona del Año de TIME y exjefa de la oficina de CNN, ha pagado una fianza en ocho ocasiones y enfrenta un juicio por una letanía de cargos que van de difamación cibernética a evasión de impuestos, los que ha criticado como un esfuerzo “absurdo” para detener su denuncia.
“Si eres un reportero en Filipinas, esto es parte de la vida diaria. Es como la contaminación del aire”, agregó.
Mientras Ressa admite que se siente “incómoda” sirviendo como una figura decorativa mundial para la lucha por una prensa libre, es muy consciente de la importancia de la causa. “Cuando miremos hacia atrás dentro de una década, en Rappler sabremos que hicimos todo lo posible”, dijo.
Amenaza a los medios de comunicación
La libertad de prensa en Filipinas se ha deteriorado rápidamente con Duterte, y el país ahora ocupa el puesto 136 de 180 países en el índice de libertad de prensa de Reporteros sin Fronteras (RSF).
El mes pasado, la emisora más grande del país, ABS-CBN, que también había informado mucho sobre la guerra contra las drogas, fue sacada del aire por una orden de cese y desistimiento. En un comunicado, el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) denunció la medida y dijo que “privó al público de noticias e información cruciales cuando más la necesitaban”.
El grupo también advirtió que una nueva legislación antiterrorista amenaza la libertad de los medios. La sección 9 de la ley penaliza la incitación a cometer terrorismo “por medio de discursos, proclamas, escritos, emblemas, pancartas u otras representaciones tendientes al mismo fin”, y establece nuevos tribunales antiterroristas específicamente para escuchar casos bajo la ley.
“El presidente Duterte debería ponerse del lado de la libertad de prensa y desechar la Ley Antiterrorista de 2020, o al menos modificar la ley para garantizar que los medios no puedan ser acusados de falsos cargos de incitación”, dijo Shawn Crispin, representante del CPJ para el sudeste de Asia. “La legislación tal como está escrita es una amenaza directa para los periodistas y debe ser rechazada”.
Rob Pichetta de CNN y Euan McKirdy contribuyeron con informes.