(CNN) –– Los estadounidenses vivos nunca han estado en un país sin policía.
Pero, desatado por la muerte de otro hombre negro a manos de la policía, ahora hay un movimiento creciente que busca lograr un Estados Unidos libre de esta autoridad, o al menos que se reduzca drásticamente su papel. El movimiento apoya entregar a las comunidades la responsabilidad de mantener el orden social y también invertir dinero en ellas. Se trata de un modelo de vigilancia que, destacan algunos activistas, muchos estadounidenses blancos ricos ya experimentan.
La esperanza es que una infraestructura más fuerte ––junto a la ausencia de las fuerzas del orden tradicionales que muchos en el movimiento creen que atacan injustamente a los estadounidenses negros–– reducirá el crimen y las muertes a manos de la policía.
Sin embargo, el movimiento para frenar el papel de la policía no es completamente homogéneo.
Hay abolicionistas que piden disolver los departamentos de policía existentes y eliminar a la policía de la sociedad, como es el caso de los organizadores del grupo abolicionista MPD150 de Minneapolis.
También están quienes piden retirar fondos a la policía, a través de la reducción de departamentos y sus presupuestos para reinvertir esos recursos en las comunidades sin eliminar por completo a esta fuerza del orden. La presidenta de la Comisión de Policía de Los Ángeles, Eileen Decker, ya hizo una pequeña concesión al comprometerse con identificar un recorte entre 100 y 150 millones de dólares de la policía de la ciudad “para mejorar aún más los esfuerzos de vigilancia comunitaria”.
Y hay otros más que se ubican en algún punto intermedio. Quieren reinventar radicalmente la seguridad pública sin la policía, pero también reconocen que quitarle fondos puede ser el primer paso hacia la disolución de los cuerpos policiales tal como los conocemos.
Los seguidores de las tres alternativas apoyan cambiar la tradicional justicia penal del castigo y el encarcelamiento por una reforma y la rehabilitación.
Sin embargo, no existen precedentes de un Estados Unidos sin la policía, ni de un momento en que su papel haya sido limitado.
Para concretar este concepto, CNN planteó a expertos y activistas en el movimiento tres escenarios ficticios, y les preguntó cómo se manejarían en un Estados Unidos donde no hay policía.
Patrisse Cullors, cofundadora de Black Lives Matter.
Philip McHarris, candidato a doctor en sociología y estudios afroestadounidenses de la Universidad de Yale y asociado líder de investigación y políticas en el Community Resource Hub for Safety and Accountability.
Alex Vitale, profesor de sociología y coordinador del Proyecto de Policía y Justicia Social en Brooklyn College, además de autor de “The End of Policing”.
Los organizadores de MPD150 son abolicionistas acérrimos. Cullors y McHarris también creen en la abolición de la policía, pero reconocen que retirarle los fondos es el primer paso crucial. Y Vitale apoya limitar estrictamente el papel de la policía, de manera que solo sea necesaria para responder a amenazas peligrosas.
Una parada de tráfico
El contacto de la mayoría de los estadounidenses con la policía se produce durante una parada de tráfico, según la Oficina de Estadísticas de Justicia. Sin embargo, como lo demuestran datos recientes, estos controles de rutina pueden volverse hostiles para los conductores negros.
La policía detiene a los conductores negros con un 20% más de frecuencia que los conductores blancos, según el proyecto Stanford Open Policing, que analizó casi 100 millones de paradas de tráfico entre 2001 y 2017. Los datos también muestran que los conductores negros e hispanos fueron requisados aproximadamente el doble de veces de los blancos en promedio. Las requisas de conductores negros e hispanos a menudo se basaron en menos evidencia.
Y un informe de la Oficina de Estadísticas de Justicia de 2018, que citó datos de 2015, encontró que cuando la policía comenzó el contacto, tenían más probabilidades de amenazar o usar la fuerza física contra negros e hispanos que contra blancos.
Patrisse Cullors, cofundadora de Black Lives Matter, explicó que en un país sin policía sería un trabajador del condado el que “podría detener un vehículo”, y recordarle a una persona que está conduciendo demasiado rápido, imponerle una multa e insistir en por qué es importante respetar los límites de velocidad. En el caso de que alguien se encuentre al volante bajo la influencia de alguna sustancia, Cullors agregó que debe haber una línea directa y un sistema de emergencia “que no dependa de la vigilancia policial ni de la criminalización, sino en cómo nos preocupamos por el otro”.
Philip McHarris, candidato a doctor en sociología y estudios afroestadounidenses de la Universidad de Yale, coincidió en que el rol de la policía en las paradas de tráfico puede cumplirlo alguien que se encargue de seguridad en las carreteras o calles y que pueda compartir con el conductor estadísticas acerca del riesgo del exceso de velocidad en potencialmente herirse a sí mismo o a otros. Señaló que la conversación debe enfocarse en la educación y en tratar de que las personas se comporten mejor al volante y no en el miedo a una sanción durante una parada de tráfico.
Una llamada de violencia doméstica
Alrededor de 1,3 millones de incidentes de violencia doméstica ocurrieron entre 2006 y 2015, según un reporte de la Oficina de Estadísticas de Justicia. Aunque el 56% de esos incidentes fueron reportados a la policía, el infractor solo resultó arrestado o acusado el 39% de las veces.
Además, el infractor fue arrestado o se le presentaron cargos durante la respuesta inicial de la policía en solo el 23% de los incidentes reportados, según el informe.
Muchas víctimas de violencia doméstica se sienten incómodas contactando a la policía para pedir ayuda. Una encuesta de 2015, hecha por la Línea Nacional Contra la Violencia Doméstica, que entrevistó más de 600 mujeres que habían experimentado abuso de pareja encontró que más de la mitad de las encuestadas señalaron que llamar a la policía “empeoraría las cosas”.
Alrededor del 80% de las participantes que no habían llamado a la policía anteriormente sentían “un poco o mucho miedo” de llamar en el futuro, el 70% temía que llamar empeorara las cosas y el 59% temía que la policía no les creyera.
Las respuestas de la encuesta no reflejan la eficacia de la acción de la policía a la violencia doméstica, pero sí sugieren que las víctimas no confían en esta fuerza del orden para manejar sus casos de manera efectiva.
Ante la ausencia de la policía, McHarris señaló que puede haber un equipo de personas especializadas para intervenir en casos de violencia doméstica. Y que cuando acudan “haya una especie de intento por desescalar y hacer lo necesario para evitar que alguien resulte herido en esa situación”. Añadió que esto puede ser parte de un sistema más amplio, en el que las personas encuentren el apoyo que necesitan para salir de esa situación.
Por su parte, Alex Vitale, profesor de sociología y coordinador del Proyecto de Policía y Justicia Social en Brooklyn College, indicó que “necesitamos cosas como centros de vecinos para la violencia, que puedan entrenar a miembros de las familias sobre cómo resolver estas situaciones entre ellos mismos cuando sea posible, y también les den opciones de personas que puedan llamar para ayudar a intervenir en estas situaciones”.
Un tiroteo escolar
Los tiroteos escolares son una característica terrible de la vida estadounidense, y el país no ha podido detenerlos. En las últimas dos décadas, los legisladores han pagado para reforzar la presencia policial en las escuelas, una solución que no ha sido estudiada en gran parte, para prevenir la violencia armada. Pero el problema de los tiroteos escolares continúa, incluso con más agentes de recursos escolares en los campus de EE.UU.
No se ha demostrado que las iniciativas que involucraron a la policía, como la contratación de agentes de recursos escolares y la instalación de detectores de metales, disminuyan la probabilidad de los tiroteos, y muchas de esas medidas se instalaron sin evidencia para respaldar su eficacia, de acuerdo una revisión de estudios de 2017 sobre medidas de seguridad promulgadas en las últimas dos décadas.
Después del tiroteo en la escuela secundaria de Columbine en 1999, el Congreso asignó más de 800 millones de dólares entre 1999 y 2005 para apoyar la contratación de más de 7.000 agentes de recursos escolares.
Y luego del tiroteo en la escuela primaria Sandy Hook en 2012, la Oficina de Servicios de Policía Orientada a la Comunidad del Departamento de Justicia repartió 125 millones de dólares entre más de 260 ciudades y condados para crear nuevos puestos de cuerpos de seguridad para proteger las escuelas.
Vitale indicó que ha existido una reticencia por parte de los jóvenes “para encender las alarmas sobre alguien”. En ese sentido, explicó que se necesita “una especie de sistema de alerta temprana que esté compuesto por consejeros y trabajadores sociales en las escuelas, para que los estudiantes sepan que tienen a alguien a quién acudir y contarle estas preocupaciones”.
Por otro lado, McHarris sostuvo que “nadie está diciendo que no pueda haber un pequeño grupo de funcionarios públicos que tengan los recursos y herramientas para responder a una situación violenta”. Sin embargo, añadió que dicha acción debe priorizar el desescalamiento y hacer el menor daño posible a todos los involucrados.