(CNN Español) – El Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI), de la CIDH, reiteró las obligaciones de derechos humanos pendientes en el país, a través de un comunicado de prensa publicado el 23 de junio en la pagina oficial de OEA.
El Estado de Nicaragua -según el MESENI- respondió de forma violenta a las protestas sociales iniciadas el 18 de abril de 2018, bajo diferentes modalidades o etapas de represión lo que según este mecanismo, “ha resultado en la muerte de 328 personas, entre ellas, 21 policías y 24 niñas, niños y adolescentes; cerca de 2.000 heridas; más de 770 personas fueron privadas de la libertad; y cientos de despidos arbitrarios de profesionales de la salud que aún persisten”, denuncia el informe.
Según organizaciones de familiares de víctimas como la Asociación Madres de Abril, hasta el momento no hay detenidos ni investigaciones en curso.
En el comunicado, el Mecanismo también retoma datos registrados por la agencia de Naciones Unidas para los refugiados (ACNUR), según los cuales, “más de 100.000 personas se habrían visto obligadas a huir desde Nicaragua a países vecinos; más de 90 periodistas y personas trabajadoras de medios forzadas al exilio”.
En su comunicado el MESENI denuncia la prolongación de lo que considera un estado de excepción de facto en el país, ya que según el mecanismo, se mantienen suspendidos o severamente limitados el derechos a la libertad de expresión, reunión y asociación, y defensa de derechos humanos. “… desde el 2018 el Estado mantiene una estrategia para impedir e inhibir cualquier manifestación contraria al Gobierno”.
Además,- agrega el MESENI- “persiste la práctica regular de detenciones con fines intimidatorios y acusaciones penales arbitrarias e ilegales en contra personas opositoras, que a la fecha mantiene a más de 80 personas privadas de libertad”. La opositora Alianza cívica enlista decenas de manifestantes opositores detenidos, que son considerados reos comunes por el gobierno.
El gobierno del Presidente Daniel Ortega no ha reaccionado oficialmente a este comunicado del MESENI. Solicitamos una reacción a través del Consejo de Comunicación y Ciudadanía coordinado por la vicepresidenta Rosario Murillo pero aún no responden. El gobierno de Nicaragua ha expresado que fue víctima de un intento de golpe de Estado financiado desde el exterior, que pretendía desestabilizar el país.
La Policía Nacional, mantiene prohibidas las manifestaciones opositoras bajo el argumento que sus convocantes incumplen requisitos, alteran el orden y la paz ciudadana, tienen antecedentes penales o estaban vinculados al intento de golpe de estado.
Según expresa el comunicado de prensa, la CIDH considera que “en el contexto de la grave crisis de derechos humanos y el profundo deterioro del Estado de Derecho en Nicaragua, los efectos de la pandemia por covid-19 podrían resultar aún más gravosos para los derechos de la población nicaragüense”.
El MESENI se instaló el 24 de junio de 2018 a invitación del gobierno de Nicaragua con el objetivo de monitorear la situación de derechos humanos en el país. El 19 de diciembre del mismo año, el Estado de Nicaragua decidió “suspender temporalmente” la presencia de la CIDH en el país.