(CNN) –– Un juez federal bloqueó temporalmente al gobierno de Trump para que no retire de Estados Unidos a un menor hondureño de 16 años, quien corría el riesgo de ser expulsado como resultado de las nuevas restricciones fronterizas debido al coronavirus.
La orden se produjo en el primer desafío legal contra el uso de la administración de una ley de salud pública, con décadas de antigüedad, para prohibir el ingreso de migrantes, incluidos niños y solicitantes de asilo, a Estados Unidos, citando como argumento la pandemia.
Aunque el caso se centra en la situación del adolescente de 16 años, los argumentos plantearon una serie de preguntas sobre cuánto poder se otorga a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) para remover rápidamente a los migrantes por preocupaciones de covid-19.
Desde finales de marzo, el gobierno Trump ha dependido cada vez más de una orden de salud pública, firmada por el director de los CDC Robert Redfield, para prohibir en gran medida la entrada de migrantes detenidos en la frontera entre Estados Unidos y México, y devolverlos a su país de origen. Según los últimos datos disponibles de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), la abrumadora mayoría de migrantes arrestados en la frontera durante mayo fueron removidos rápidamente.
El juez de la Corte de Distrito de Estados Unidos, Carl Nichols, designado por el presidente Donald Trump, se enfrentó a las autoridades nombradas dentro de la ley citada por el gobierno para expulsar a los migrantes, y señaló que hay otros estatutos de inmigración que rigen la admisibilidad a Estados Unidos y la remoción del país.
“Está bastante claro que algo que no hace el Congreso es otorgarle expresamente al director general de Sanidad o al director de los CDC la orden de retornar o remover personas”, sostuvo Nichols. Y agregó que la pregunta es si prevenir la introducción de una enfermedad contagiosa incluiría el poder para remover personas.
El Departamento de Justicia argumentó que el director de los CDC tiene una discreción significativa cuando se trata de proteger a los estadounidenses de enfermedades contagiosas. “Esta es una orden de salud pública diseñada para abordar una emergencia de salud pública, así que tenemos una situación en la que los extranjeros a los que abarca incluyen adultos y niños”, indicó Jean Lin, abogado del Departamento de Justicia, Jean Lin.
En el centro de la demanda, presentada por la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) junto a otros grupos, se encuentra un adolescente hondureño de 16 años que buscaba refugio en Estados Unidos. La demanda fue presentada en la Corte de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia.
De acuerdo a la demanda, el joven, identificado por sus iniciales, huía de una “persecución severa” en Honduras y fue arrestado por la CBP a principios de este mes. Con la orden de este miércoles es la segunda vez que un juez federal bloquea temporalmente la expulsión del adolescente de Estados Unidos.
Nichols concluyó este miércoles que el joven estaba en riesgo de ser herido si regresaba a Honduras. También señaló que no tiene coronavirus ni síntomas del mismo.
Los niños inmigrantes no acompañados han recibido ciertas protecciones bajo la ley estadounidense, pero las nuevas medidas fronterizas han socavado esos amparos, argumentó este miércoles el abogado de ACLU Lee Gelernt. En este caso, esas acciones han permitido que el niño permanezca bajo custodia de inmigración, con la amenaza de ser enviado de regreso a su país de origen, en lugar de ser transferido a un centro de niños para reunirse con su padre en Estados Unidos.
“Creemos que el Congreso ha prestado mucha atención a los niños, ha decidido exenciones para las leyes de asilo y no ha creado una para la salud pública”, añadió Gelernt durante la audiencia de este miércoles.
En su orden oral, Nichols tomó destacó las diversas disposiciones legales que detallan las protecciones para los niños y la remoción de migrantes. “Obviamente, hay otras disposiciones en el estatuto de inmigración que hacen referencia al poder de regresar o remover. El Congreso no usa esos términos aquí”, sostuvo.
Gelernt aplaudió el fallo y aseguró: “La corte reconoció correctamente que el poder de los CDC está limitado por la ley y que el gobierno no puede lograr sus objetivos de inmigración simplemente citando las leyes de salud pública”.
Los procedimientos legales en el caso continúan.
Los expertos en salud pública también han expresado su preocupación por el uso de una ley de salud pública para evitar que los migrantes ingresen a Estados Unidos o busquen refugio en el país. En una carta de mayo dirigida al Departamento de Salud y Servicios Humanos, más de dos decenas de expertos en salud de las principales escuelas de salud pública, escuelas de medicina y hospitales argumentaron que “no existe una justificación de salud pública para denegar la admisión a las personas en función de su estado legal”.