(CNN Español) – El Parlamento de Uruguay aprobó este miércoles un paquete de reformas conocido como Ley de Urgente Consideración (LUC), insignia del presidente Luis Lacalle Pou durante su campaña, el cual ha sido criticado por la oposición y que despertó preocupación del Instituto Nacional de Derechos Humanos y Defensoría de Pueblo (INDHH).
Con 18 votos a favor de 30 posibles, las modificaciones legales fueron aprobadas y luego enviadas al Poder Ejecutivo para ser promulgadas, tras lo cual el presidente Lacalle manifestó “gran satisfacción”.
La votación la lideró la vicepresidenta del país y presidenta de la Cámara de Representantes, Beatriz Argimón, encabezando la coalición del Partido Nacional.
Se trata de un paquete que contiene cambios a más de 400 artículos, incluyendo la creación del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el derecho a una vivienda adecuada, la regulación del derecho de huelga, protección y respaldo a la Policía, entre otros. Los planteamientos en seguridad han despertado particular controversia.
“Hemos votado afirmativamente para darle al gobierno la herramienta para mejorar el estado general de la seguridad, para respaldar a la Policía, para reorganizar y orientar la educación del país”, dijo Sergio Botana, senador del Partido Nacional.
Por parte de la oposición, el senador Charles Carrera, del Frente Amplio, dijo que su alianza no apoya este proyecto.
“Los cambios propuestos no hacen otra cosa que ratificar de alguna manera lo que hemos dicho en forma reiterada, se apuesta implementar el uso el uso irracional de la fuerza (…) la seguridad no se soluciona cambiando normas”, señaló el legislador.
Después de conocerse la votación, el mandatario uruguayo agradeció al Parlamento por medio de un mensaje en su cuenta de Twitter.
“Gran satisfacción de tener este instrumento necesario, justo y popular que hace muchos años comprometimos”, escribió Lacalle.
En mayo, el INDHH emitió un informe sobre el proyecto de la LUC donde, además de apuntar que “ha sido cuestionado en su constitucionalidad”, advierte que contiene una “disposición regresiva” en materia de empleo de la fuerza por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, y que contempla un “incremento de la discrecionalidad en la actuación” de esos agentes, entre otras preocupaciones.
El proyecto enviado al Ejecutivo incluye cambios aprobados por el Legislativo.