Nota del editor: Benjamin Haas es abogado defensor de Human Rights First, una organización internacional de derechos humanos sin fines de lucro y no partidista que desafía a Estados Unidos a cumplir con sus ideales. Sirvió como oficial de inteligencia en el Ejército y fue desplegado en Afganistán dos veces. Las opiniones expresadas en este comentario pertenecen al autor. Ver más opiniones en CNNe.com/opinion.
(CNN) – La respuesta militarizada de la administración Trump a las protestas en Portland y su retórica de guerra, junto con las amenazas del presidente de desplegar la policía federal en otras ciudades importantes, representan una seria amenaza tanto para el pueblo estadounidense como para nuestra democracia.
Impactantes videos muestran a los agentes de la ley del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) sacando a los manifestantes de las calles de Portland y metiéndolos en vehículos sin insignias antes de irse. Los agentes, vestidos con el mismo patrón de camuflaje que yo usaba como oficial de inteligencia del Ejército en Afganistán, no son fácilmente identificables ni por nombre ni por su agencia. El Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU., una agencia del DHS, admitió estar involucrado en el arresto de manifestantes y emitió una declaración a CNN que decía: “Los anarquistas violentos han organizado eventos en Portland durante las últimas semanas con la intención deliberada de dañar y destruir propiedad federal, así como lesionar a oficiales y agentes federales. Estas acciones criminales no serán toleradas”.
La semana pasada, el fiscal federal para el Distrito de Oregon solicitó una investigación sobre la respuesta federal, y los inspectores generales del DHS y del Departamento de Justicia iniciaron investigaciones sobre denuncias de que el personal de las fuerzas del orden público federales actuó de manera inapropiada.
Pero Chad Wolf, secretario interino del DHS, ha llamado a los manifestantes “extremistas violentos” y los ha calificado repetidamente de delincuentes peligrosos, mientras que el presidente retuiteó una publicación que compara a los manifestantes con un “grupo paramilitar terrorista interno”. Mientras tanto, equipos de oficiales de fronteras tácticos similares a los desplegados en Portland han sido enviados a Seattle.
Difuminar la línea entre el ejército y la policía es una propuesta arriesgada; Portland ofrece una visión sorprendente de los resultados. Los oficiales del DHS en Portland me recuerdan más a los operadores especiales y a los soldados de infantería de la 10ª División de Montaña que apoyé en Afganistán que a los agentes de policía que espero ver sirviendo y protegiendo a las comunidades estadounidenses.
Excepto que no hay guerra en Estados Unidos, y las instituciones que deben aplicar la ley no deben estar capacitadas y equipadas para actuar como si estuvieran en una. Sin embargo, la administración Trump nos haría creer que los manifestantes son enemigos que deben ser derrotados en combate. Y en este contexto, los agentes del DHS, que actúan a instancias de la administración Trump, se han comportado de manera inaceptable incluso en un conflicto armado: aprehenden a manifestantes aparentemente pacíficos y golpean a otros que no representan una amenaza significativa. Como era de esperar, la respuesta federal militarizada y las tácticas duras han hecho escalar la situación en Portland, y el alcalde Ted Wheeler recibió gases lacrimógenos el jueves cuando se unió a una multitud de manifestantes.
Como si las simples observaciones de Portland no fueran lo suficientemente convincentes, los estudios sugieren que la aplicación de la ley militarizada no es útil para la policía y perjudica la seguridad de la comunidad. Un estudio en 2018, por ejemplo, encontró que “la policía militarizada no mejora la seguridad de los agentes o reduce el crimen local” y “puede disminuir la reputación de la policía entre el público en general”. Otro estudio encontró una “relación positiva y estadísticamente significativa” entre un programa del Departamento de Defensa que canaliza equipo militar excedente a las agencias policiales estatales y locales y “muertes por disparos en los que participan agentes”.
El enfoque de aplicación de la ley altamente militarizado de la administración Trump también presenta peligros potenciales para los militares. La confianza pública en el Ejército es alta, pero la confusión sobre su papel o la falsa percepción de que está involucrado en estas respuestas federales a las protestas podrían dañar su relación con la sociedad. Esta puede ser, en parte, la razón por la que durante una reciente audiencia en Capitol Hill sobre la participación de los militares en las respuestas a las protestas en junio el presidente del Estado Mayor Conjunto, general Mark Milley, señaló la importancia de mantener una “distinción visual” entre “lo que es militar, y lo que es policía”.
Con todos estos inconvenientes, tal vez no debería sorprendernos que Estados Unidos haya querido mantener una separación entre el ejército y la policía. Hay excepciones limitadas, incluida la Ley de Insurrección, que Trump sugirió que utilizaría para desplegar personal militar en servicio activo en respuesta a las protestas en junio.
Después de encontrarse con la rígida oposición pública de los líderes militares retirados y de su propio secretario de Defensa, Mark Esper, Trump se alejó de esta amenaza. Pero ahora, al desplegar elementos federales paramilitares encargados de hacer cumplir la ley, el presidente ha encontrado una manera de lograr el mismo efecto: usar la imagen de los militares para intimidar y reprimir a los manifestantes.
Parece que Trump está tratando de evitar el rápido rechazo que provocó entre oficiales militares de alto rango retirados cuando consideró empuñar tropas militares en servicio activo en junio. Y al hacerlo, está destrozando el espíritu del principio estadounidense que separa a los militares de la policía. Esto se parece más a la conducta de autoritarios extranjeros, no de presidentes estadounidenses.
Portland ha dejado en claro los efectos dañinos de la militarización de las fuerzas del orden. Trump puede sentirse duro al desplegar agentes de la ley federal como soldados para aterrorizar a Portland. Pero, como siempre, parece motivado por su propio deseo de presentarse como un hombre fuerte y complacer a su base política. Sus acciones no sirven a los mejores intereses de nuestra democracia, el pueblo estadounidense, la buena policía o el ejército. Desafortunadamente, parece que otras ciudades del país solo se convertirán en casos adicionales en este sentido.