La votación del Parlamento de Corea del Sur a favor de destituir al presidente Yoon Suk Yeol este sábado marcó la culminación de un impresionante enfrentamiento político provocado por su sorprendente decisión de imponer la ley marcial en el vibrante país democrático.
Yoon, cuyo efímero decreto desencadenó semanas de protestas y agitación política, fue suspendido de su cargo después de que al menos 12 miembros de su propio partido gobernante votaran a favor de su destitución ante su negativa a renunciar.
Pero la suerte del asediado dirigente dista mucho de estar echada.
Yoon está ahora a la espera de que un alto tribunal delibere sobre la moción de destitución y decida si se le aparta formalmente de la presidencia o se le restituye en el cargo, un proceso que podría durar hasta seis meses.
Mientras tanto, al exfiscal reconvertido en político se le ha prohibido salir del país y se enfrenta a una serie de investigaciones, incluidos posibles cargos por liderar una insurrección, un delito castigado con cadena perpetua o incluso la pena de muerte.
Esto es lo que hay que saber sobre el futuro de Yoon:
Largo camino hasta la destitución formal
La votación de este sábado sobre la destitución, recibida con júbilo por los manifestantes afuera del Parlamento, es solo el primer paso de un proceso potencialmente largo y difícil para poner fin formalmente a la presidencia de Yoon.
El siguiente paso corresponde ahora al Tribunal Constitucional, que tiene hasta 180 días para decidir si confirma o rechaza la votación. Mientras tanto, el primer ministro Han Duck-soo ejerce de presidente en funciones.
El Tribunal se reunió este lunes por primera vez para debatir el caso de Yoon y anunció su intención de celebrar la primera audiencia preliminar el 27 de diciembre.
El tribunal se comprometió a considerar el caso como “de máxima prioridad” entre otros casos de impugnacón que la oposición ha impulsado contra la administración de Yoon, incluidos el ministro de Justicia, los fiscales y otros altos funcionarios.
En 2016, el Tribunal Constitucional tardó tres meses en tomar la decisión de destituir a Park Geun-hye, la primera mujer líder del país y presidenta en ejercicio en ser destituida mediante un juicio político. Park fue condenada a 20 años de cárcel por corrupción y abuso de poder, pero posteriormente fue indultada.
Otro predecesor, Roh Moo-hyun, sobrevivió a su destitución en 2004, después de que el Tribunal Constitucional rechazara la moción tras dos meses de deliberaciones. Terminó su mandato de cinco años.
En esta ocasión, las deliberaciones del Tribunal Constitucional sobre el futuro de Yoon se verán complicadas por otro factor: el tribunal, compuesto por nueve miembros, solo cuenta actualmente con seis magistrados, debido al retraso en la provisión de las vacantes dejadas por los magistrados jubilados.
Según la Constitución surcoreana, al menos seis magistrados deben aprobar la destitución para que esta sea confirmada. Eso significa que los actuales magistrados del tribunal tendrían que votar unánimemente a favor de la destitución para destituir formalmente a Yoon, a menos que se cubran las vacantes en las próximas semanas.
Los partidos de la oposición y el partido gobernante aspiran a nombrar a tres jueces antes de finales de mes.
Si el Tribunal Constitucional confirma la destitución de Yoon, este se convertiría en el presidente que menos tiempo ocupó el cargo en la historia democrática de Corea del Sur. En ese caso, el país deberá celebrar nuevas elecciones presidenciales en un plazo de 60 días.
Investigaciones por insurrección
Aunque Yoon fue suspendido en el ejercicio de sus poderes, no ha sido oficialmente destituido. Esto significa que sigue gozando de inmunidad presidencial frente a la mayoría de los cargos penales, salvo los de insurrección o traición.
La Policía, el Parlamento, la Fiscalía y un organismo anticorrupción de Corea del Sur abrieron investigaciones separadas contra Yoon por supuesta traición en relación con el incidente de la ley marcial.
Un equipo conjunto de investigación en el que participan la Policía, un organismo anticorrupción y el Ministerio de Defensa acusaron a Yoon de ser el “cabecilla de una insurrección” y de abusar de su poder. Este lunes, el equipo trató de entregar una notificación exigiendo que Yoon compareciera para ser interrogado este miércoles, pero la oficina presidencial se negó a transmitir la solicitud, dijo a la prensa un funcionario del equipo.
Este domingo, Yoon ignoró una citación de los fiscales que están llevando a cabo una investigación separada sobre su declaración de la ley marcial. Los fiscales hicieron una segunda petición este lunes, aunque no se hizo pública la fecha de la citación, según la agencia de noticias Yonhap.
La semana pasada, el jefe de la agencia anticorrupción de Corea del Sur dijo que su oficina intentaría detener a Yoon si se cumplían las condiciones.
“Si la situación lo permite, intentaremos realizar una detención de emergencia o una detención basada en una orden judicial”, declaró Oh Dong-woon, jefe de la Oficina de Investigación de la Corrupción de Altos Funcionarios, en una reunión parlamentaria.
Ese mismo día, la Policía surcoreana intentó asaltar el despacho presidencial, pero se le impidió la entrada.
La Fiscalía surcoreana había detenido anteriormente al exministro de Defensa Kim Yong-hyun, quien supuestamente recomendó la ley marcial y renunció a raíz del escándalo. Kim intentó acabar con su propia vida bajo custodia la semana pasada, según el jefe del servicio penitenciario del país.