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Lincoln City, Oregon AP  — 

Un sheriff de Oregon dice que contactó al FBI y está cada vez más preocupado por una carta que circula en su comunidad rural y costera, pidiendo a las personas que anoten los números de matrícula de posibles inmigrantes.

La Oficina del Sheriff del Condado de Lincoln emitió un comunicado de prensa el jueves condenando las cartas que aparecieron en todo el condado, describiéndolas como divisivas. El sheriff Curtis Landers dijo a KPTV que contactó a las autoridades federales después de recibir una de esas cartas él mismo.

El FBI señaló el viernes que estaba al tanto de los envíos. En un comunicado, alentó a los miembros de la comunidad que se sientan físicamente amenazados a informar sus preocupaciones a las fuerzas del orden.

La carta instruye al destinatario a estar alerta mientras está en el estacionamiento de su iglesia o esperando en la fila para recoger a sus hijos en la escuela, para anotar los números de matrícula de los autos que se cree pertenecen a inmigrantes que podrían carecer de estatus legal permanente.

La Oficina del Sheriff dijo que estaba comprometida a defender la ley de santuario de Oregon, que prohíbe a la policía local en la mayoría de los casos preguntar sobre el estatus migratorio o de ciudadanía de un individuo y compartir esa información con las autoridades federales.

“Estamos alentando a los miembros de nuestra comunidad a hacer lo correcto y usar la compasión al encontrarnos con este tipo de mensajes”, dijo la Oficina del Sheriff en su comunicado de prensa. “Recomendamos encarecidamente no participar en actividades como las descritas en esta carta, incluyendo la recopilación o el intercambio de información sobre individuos basándose en su demografía o estatus migratorio percibido”.

La Fiscal General de Oregon, Ellen Rosenblum, condenó de manera similar las cartas. “Los intentos de intimidar a nuestras comunidades y sus líderes a través de campañas de cartas racistas no tienen lugar en Oregon, y continuaremos unidos en oposición a aquellos que buscan dividirnos”, dijo en un comunicado el viernes.

The Associated Press envió un correo electrónico a la Oficina del sheriff el viernes, solicitando comentarios y preguntando sobre el número y método de distribución de las cartas. Cuando se contactó por teléfono, la Oficina del Sheriff dijo que Landers y su portavoz estaban fuera de la oficina y no podían responder llamadas o correos electrónicos ese día.

Landers recibió una copia de la carta en su buzón, según KPTV. En otras partes del condado, el alcalde y los concejales de la pequeña ciudad de Toledo y el alcalde de Lincoln City también recibieron copias por correo, informó KGW.

En respuesta a las promesas del presidente electo Donald Trump de llevar a cabo deportaciones masivas durante su segundo mandato, grupos de defensa en todo el país han organizado cursos de conocimiento de derechos para enseñar a los inmigrantes cómo protegerse a sí mismos y a sus seres queridos. Las capacitaciones están en marcha en estados amigables con los inmigrantes, incluidos California e Illinois, que promulgaron protecciones para los inmigrantes en respuesta al enfoque de Trump en la aplicación de la ley durante su primera administración, y en aquellos con leyes más estrictas que afectan a los inmigrantes, como Florida.

Mientras tanto, funcionarios en un número creciente de estados liderados por republicanos están proponiendo otorgar a los agentes de la ley locales el poder de arrestar a personas que ingresaron al país ilegalmente, reflejando leyes recientes en Texas y otros lugares que han sido suspendidas mientras los tribunales evalúan si usurpan inconstitucionalmente la autoridad federal.

Oregon se convirtió en el primer estado santuario en 1987. Su ley prohíbe a la Policía local y estatal participar en la aplicación de la ley de inmigración federal sin una orden judicial, y también prohíbe que las instalaciones privadas de detención de inmigrantes operen en el estado.

La ley de santuario de Oregon ha sido actualizada y fortalecida a lo largo de los años, incluyendo en 2021, cuando la Legislatura aprobó una medida que crea una línea directa para denunciar violaciones de la ley.